Para comenzar, se debe aclarar que es frecuente confundir naturaleza de un régimen político y forma de ejercicio del poder. Son dos cuestiones distintas, mientras que los conceptos “totalitario” y “autoritario” se refieren al primero de ellos, el término “dictadura” se aplica al segundo.
Totalitario es un régimen político no democrático que busca imponer una integración política total entre el Estado y la sociedad. En dicho régimen, la participación y adhesión al mismo son una obligación para todos los miembros de la comunidad política. Mientras que autoritario define a un régimen político no democrático, pero en este caso a través del control del Estado, monopolizando el poder político sin permitir a los ciudadanos participar en la toma de decisiones. No tiene como objetivo controlar la vida social por medio de una ideología, ya que en ocasiones se carece de ella, sino lograr la pasividad de los ciudadanos.
La victoria militar, en la Guerra Civil, de los sublevados contra el orden legítimo que representaba el régimen republicano supuso la quiebra del Estado democrático. El “nuevo Estado” se atribuyó un carácter fundacional y se dispuso a construir un “orden político” distinto al democrático. Buena muestra de ello fue la extraordinaria concentración de poder que se dio en la persona de Francisco Franco. Desde el 1 de octubre de 1936 y hasta su muerte ocupó la Jefatura del Estado, del Ejército y del partido único; hasta 1973, la del Gobierno y se añadía “la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general”.
Se estableció así una dictadura soberana que se atribuyó un carácter constituyente. Ello supuso trasladar la soberanía del pueblo al Estado, suprimir los derechos fundamentales de los ciudadanos, acabar con la división de poderes y establecer límites mal definidos para el ejercicio del poder, lo que le permitía hacer uso de la arbitrariedad en aquellas ocasiones que estimara oportunas. Por ello, no se puede hablar de un Estado de derecho, sino de Estado con derecho, que es algo muy distinto.
Entre 1910 y 1931 surgieron en Europa varias repúblicas, regímenes democráticos, o con aspiraciones democráticas, que sustituyeron a monarquías hereditarias establecidas en esos países desde hacía siglos. La mayoría de ellas, y algunas muy significativas como la alemana, la austriaca y la checa, se habían instaurado como consecuencia de la derrota en la I Guerra Mundial. La serie había comenzado en Portugal, con el derrocamiento de la monarquía en 1910, y la española fue la última en proclamarse. La única que subsistió como democracia en esos años, hasta el estallido de la I Guerra Mundial, fue la de Irlanda, creada en 1922. Todas las demás fueron derribadas por movimientos autoritarios de ultraderecha o fascistas.
El conocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos sobre esas repúblicas es, en el mejor de los casos, vago e incompleto. Se recuerda más cómo acabaron, las tragedias en las que desembocaron, que sus logros políticos o sociales.
La historia de esas repúblicas, especialmente de la de Weimar y la española, ha sido eclipsada por su final y lo que siguió, el nazismo y una Guerra Civil. Casi ningún historiador acepta en la actualidad el planteamiento determinista de que esos regímenes republicanos estaban predestinados al fracaso desde el principio.